La Declaración de Bolonia se basa en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) elaborado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), que pretende eliminar la “distorsión” que supone la intervención estatal en el comercio de servicios, sustituyendo la financiación pública por la inversión privada, mediante la aplicación de criterios de libre competencia empresarial. El AGCS define a la enseñanza como un servicio y por lo tanto como una mercancía, con lo que se pretende liberalizar completamente la universidad pública.

A pesar de que la Declaración de Bolonia establece un marco europeo, la UE no tiene competencias en materia de enseñanza universitaria, por lo que no puede establecer normas obligatorias sobre la educación superior. Así, el mecanismo de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el Estado español es la Ley Orgánica de Universidades (LOU), que tiene las siguientes consecuencias:
MERCANTILIZACIÓN
LOU establece la entrada de las empresas en las universidades a través de los organismos de dirección (Consejo de Gobierno y Consejo Social) y de evaluación (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación –ANECA), lo cual supone la pérdida de la autonomía universitaria y un cambio radical en los planes de estudio. Las titulaciones universitarias dejan de tener como finalidad el aumento de la capacidad crítico-científica y pasan a estar definidas en función de las necesidades de un mercado de trabajo flexible y precario. Bajo criterios de competitividad, un gran número de universidades y titulaciones desaparecerán, al no ser rentables en el mercado y no atraer inversión privada (como ocurre por ejemplo con las Humanidades). Se divide el modelo universitario en Grado y Postgrado, donde el Grado queda como una enseñanza de contenidos generales dirigida a crear mano de obra (como una FP especial). Las atribuciones profesionales y la especialización que garantizan las actuales Licenciaturas y Diplomaturas quedan reservadas para los Masters, que sufren un gran aumento de precio mientras van siendo progresivamente privatizados. Las empresas dirigirán la investigación “pública” en función de sus intereses, convirtiéndose en los propietarios de resultados y patentes. La entrada del mundo empresarial en los campus universitarios también se produce mediante la externalización de servicios, la gestión bancaria de las matrículas, los comercios, la publicidad…tratando a la comunidad universitaria como una masa de consumidores.
ELITIZACIÓN
Un nuevo modelo educativo pretende reducir drásticamente el número de estudiantes universitarios mediante un fuerte incremento de los precios de tasas y matrículas. A esto hay que añadirle la exigencia de dedicación a tiempo completo para el alumnado –que impide poder compaginar trabajo con estudios superiores- y la sustitución de los actuales programas de becas por las becas-préstamo (a devolver al finalizar la carrera). Bajo el nuevo sistema de créditos (ECTS) y la mal llamada evaluación continua se produce un gran aumento del volumen de trabajo por cuenta del estudiante (y habrá que pagar también por las horas de estudio en casa!!!). El nuevo sistema pedagógico (basado en el informe Tuning) pretende sustituir la educación centrada en la enseñanza y el conocimiento por una educación basada en la adquisición de habilidades, para que “después” podamos aprender por nuestra cuenta, pero eso sí, que al terminar los estudios estemos preparados para el mercado laboral.
PRECARIZACIÓN
El abaratamiento de costos y los criterios empresariales que marca el proceso de Bolonia suponen una precarización general de las condiciones laborales de los trabajadores de la universidad, tanto docentes e investigadores como personal de administración y servicios.
Con esto se produce una importante degradación de la calidad de la enseñanza y de los servicios. Además, cada vez más trabajadores son sustituidos por becarios (sin contratos y sin derechos) a la vez que hay un aumento de tareas que no son acompañadas por el correspondiente reconocimiento de categoría laboral. Por otra parte, la evaluación del profesorado a cargo de organismos privados externos a la comunidad universitaria (ANECA), supone un aumento de la competitividad y fomenta el clientelismo y la auto-explotación para cumplir los criterios de acreditación.
POR LA PARALIZACIÓN DE BOLONIA
La enseñanza superior ha degenerado enormemente durante los últimos años y toda la comunidad universitaria está de acuerdo en que es necesario un cambio.
Sin embargo, las actuales reformas, además de estar elaboradas de forma antidemocrática al margen de la comunidad educativa, son lo contrario de lo que necesita una enseñanza de calidad. En este momento que se está iniciando la implantación del EEES, exigimos la paralización del proceso Bolonia, la derogación de la LOU y la apertura de un proceso democrático y abierto de debate donde participen paritariamente estudiantes, personal docente, investigadores y trabajadores de administración y servicios.